La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) registró que al finalizar 2021, 4445 personas estaban alojadas en comisarías en el territorio bonaerense, una leve baja respecto a 2020 (314 menos), pero con un fuerte crecimiento en la última década 2012-21, donde la población en estos lugares de detención casi se cuadruplicó (397%).
Así lo detalla el Informe Anual 2022 sobre políticas de seguridad y encierro en la provincia de Buenos Aires que presentó la CPM, en el marco de su labor como mecanismo de control y monitoreo de los lugares de encierro.
En relación a la capacidad para albergar personas, el cupo en comisarías bonaerenses estuvo excedido en promedio en 2021 en 222%, pero si se tienen en cuenta solo las comisarías que alojaban la sobrepoblación registrada “alcanza el 232%”. “Los años 2020 y 2021 presentan las cifras más altas desde 2006”, se indicó. Y detalló que en 2021, “hubo 9 comisarías con más de 400% de sobrepoblación y una de ellas en particular informó poseer capacidad para 1 persona y alojaba 17.”
Como resultado del hacinamiento de personas en escasos metros cuadrados y bajo custodia de personal no preparado, 2021 fue el año récord en muertes de personas detenidas en comisarías: “25 personas fallecieron bajo custodia policial, la cifra más alta en los últimos 10 años, periodo en el que se registraron 187 muertes en dependencias policiales de la Provincia”. Un detalle que subraya el resultado de las políticas punitivas de seguridad es el alojamiento en espacios clausurados: en ese aspecto, la CPM señaló que “la mitad de las comisarías donde murieron personas en 2021 estaban clausuradas o no habilitadas”.
En tanto, la CPM registró durante el 2021 más de 45.000 denuncias por torturas y malos tratos en cárceles de Buenos Aires y advirtió sobre el aumento del uso letal de la fuerza por parte de la Policía bonaerense que generó durante el año pasado 120 víctimas, de las cuales 25 ocurrieron en comisarías.
“Año tras año vemos una situación de deterioro, de falta de políticas públicas para solucionar un problema social, siempre digo que los derechos humanos no se acotan a los desaparecidos, tenemos que verlo integralmente. No puede ser que se apliquen políticas represivas y no preventivas en la provincia de Buenos Aires”, afirmó en la presentación el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel.
Durante el 2021 la CPM realizó 456 inspecciones a lugares de encierro como cárceles y alcaidías, comisarías, centros cerrados para jóvenes y lugares de atención a la salud mental y realizó 40.599 entrevistas con personas detenidas o familiares. Esas entrevistas dieron lugar a 25.562 presentaciones judiciales de habeas corpus y acciones individuales, así como también 199 habeas corpus colectivos por violaciones de derechos humanos estructurales en diferentes lugares de detención.
Este contacto directo con las víctimas permitió registrar 45.544 hechos de tortura, malos tratos o falta de acceso a la justicia de las personas alojadas en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y en comisarías provinciales. Además la CPM intervino en 403 casos de violencia policial que involucraron a 466 víctimas individuales, siendo el 15% de ellos menores o jóvenes.
El informe precisó que “se sigue sosteniendo la curva ascendente de la tasa de prisionización. Mientras que en 2020 en la provincia de Buenos Aires había 284 personas detenidas cada 100 mil habitantes, en 2021 el número trepó a 306 cada 100.000. A diciembre de 2021 había un total de 54.107 personas detenidas”.
El crecimiento de la población encarcelada entre 2020 y 2021 fue del 7,9% y reconoció que “como propuesta para resolver este problema, el Gobierno provincial construyó 1.300 nuevas plazas, pero ingresaron al sistema 3.600 nuevos detenidos. Si no se modifica la política criminal, las medidas adoptadas no resolverán el problema”.
