Ya es bien sabido el rol clave de la Agricultura familiar, Campesina e Indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria mundial: producen alrededor del 80% de los alimentos del mundo. Pero también ofrecen una oportunidad única para mejorar los medios de vida, gestionar mejor los bienes comunes, proteger el medio ambiente y lograr un desarrollo sostenible, en especial en zonas rurales.
En conjunto, representan la mayor fuente de empleo del mundo y son los guardianes de los sistemas agrícolas de cultivos múltiples, claves para aumentar la resiliencia territorial frente al cambio climático y crisis de precios, así como también contribuir a mejorar los resultados nutricionales, como contracara de los sistemas agrícolas convencionales, centrados en pocos cultivos básicos.
Dicho papel clave del sector es reconocido por nuestra legislación nacional en la Ley 27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina” sancionada en 2014. No obstante, para desempeñar un papel clave en el establecimiento de sistemas alimentarios sostenibles, la agricultura familiar necesita un entorno político propicio que convierta su potencial en realidad y aborde los desafíos actuales. En este sentido, la adecuación de marcos regulatorios y la representación del sector dentro de aquellas instituciones que los sancionan son imprescindibles para facilitar su realización.
Actualmente, se está discutiendo en el marco de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) la creación del Capítulo XXIII en el Código Alimentario Argentino (CAA) “Tecnologías, procesos y alimentos de la producción agroalimentaria familiar y de elaboración tradicional”.
La incorporación de dicho capítulo no solo significaría el reconocimiento oficial por el CAA del rol estratégico de este sector en la provisión de alimentos de calidad, sino también promover una alimentación suficiente, diversa, saludable y culturalmente apropiada como parte de políticas alimentarias inclusivas e integrales. La sanción de dicho capítulo, es un paso importante para fortalecer la interacción respetuosa con las comunidades y sus procesos agroalimentarios culturales respecto al cultivo, la producción, alimentación, preparación y comercialización de alimentos. En otras palabras, la promoción de las practicas alimentarias locales y tradicionales, hacen a una dieta diversificada y más amigable con el ambiente.
La aprobación de dicha modificación del CAA tiene como procedimiento obligatorio una consulta pública vinculante, que esta abierta por un mes, donde el Obsevatorio Socioambiental Yolanda Ortiz ya manifestó su interés. No obstante, la institución donde se discute la modificación del CAA, posee como Consejo Asesor a la CONASE, donde participan las principales cámaras empresariales del supermercadismo y empresas nacionales y multinacionales productoras de procesados y ultraprocesados (la COPAL), “alimentos” que bien ya sabemos aportan poco y nada a una alimentación nutritiva, pero mucho y bastante a un sistema agroalimentario concentrado e intensivo en uso de energía (fosil), un modelo agotado, evidente en sus impactos ambientales y sociales.
La CONAL, al igual que muchas instituciones públicas que atañen al sector agroalimentario de nuestro país, desde la comercialización, la sanidad, la política de ciencia y tecnología, como SENASA, INTA, INASE, CONABIA, entre otras, poseen una fuerte representación del sector hegemónico agroindustrial. Se vuelve imperante insistir en una democratización de dichas instituciones para democratizar sus marcos regulatorios como condición necesaria para modelos de sociedad equitativos y sustentables.
María Victoria Gobet
Integrante del Observatorio Socioambiental Yolanda Ortiz
