Un nuevo voto negativo del oficialismo en el Concejo Deliberante vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, rechazó la posibilidad de ponerle fin al reclamo de muchos vecinos que se oponen a la continuidad del matadero de cerdos en la calle Barrera al fondo (detrás de las vías), pero tampoco ofreció una solución concreta. Gran parte de la oposición intentó que la empresa tuviera que retirarse de ese sitio, pero no logró la aprobación, ya que ni siquiera contaba con el apoyo de La Libertad Avanza, cuyos concejales se abstuvieron sin dar explicaciones.
La iniciativa había sido impulsada por la concejal Marita Gelitti (Acción para el Desarrollo) y apuntaba a derogar la Ordenanza 2492 del año 1998 (durante el gobierno de Orlando Costa), que le otorga a esa empresa una habilitación provisoria.
Gelitti focalizó en los reclamos de muchos vecinos referidos a la falta de tratamiento de los efluentes, el anegamiento de terrenos aledaños, la inundación de las cunetas con sangre y vísceras que suelen quedar desperdigadas en la vía pública. Recordó que se trata de situaciones que vienen siendo tema de malestar desde hace mucho tiempo (casi tres décadas), por lo que el año pasado se convocó a todas las partes involucradas para tratar de encontrar una solución. Incluso mencionó que los propietarios “nos dijeron que tenían todas las habilitaciones”, pero “de toda la información que se comprometieron a traer, no acercaron nada”; “tomaron como que esto es una pavada”, agregó.
Desde el oficialismo hablaron tres personas: Mauricio Yaffaldano, Daniel Alianello y Jorge “Chapu” Fernández, todos con declaraciones similares para argumentar su voto negativo. Germán Marini amagó con que ocuparía su banca para decir algo, pero finalmente no lo hizo. Enfatizaron en el riesgo de que los trabajadores del matadero queden en la calle.
“No vamos a acompañar la derogación de esta ordenanza, principalmente porque los integrantes de nuestro bloque ideológicamente tenemos una extracción peronista”, comenzó afirmando Yaffaldano, y añadió: “los que venimos del peronismo conocemos y reconocemos a una clase de persona, que son los que trabajan”. Sostuvo que, de aprobarse la ordenanza, “personas que tienen rostro, que tienen un nombre, seguramente de inmediato se van a quedar sin trabajo”, lo que consideró suficiente para que el frigorífico siga donde está. “No encuentro otro argumento”, dijo.
Lo único que propuso el Presidente del bloque de Unión por la Patria fue “pedirle más tiempo” a Gelitti para continuar analizando el tema y volver a citar a todos, con la idea de “tratar de encontrar una solución intermedia”, cosa que no aceptó la concejal de Acción para el Desarrollo: “Tenían la oportunidad y la desaprovecharon”, le contestó, en alusión a los propietarios.
Desde el PRO, el primero en tomar la palabra fue Fernando Franzoni, quien indicó que “tenemos que respetar a nuestros vecinos de Bragado” por la gran cantidad de reclamos. También le retrucó a Yaffaldano: “Expresa algo que no es real; no se va a cerrar el frigorífico porque se derogue esta ordenanza”. Consideró que su propuesta es “dilatar las cosas, perder el tiempo”, mientras que el concejal Nicolás Araujo (también del PRO) cuestionó el “destrato” de la empresa al Concejo Deliberante, ya que “había un compromiso de traer documentación, un plan de inversiones para ir adecuándose a la situación que se les estaba exigiendo y la habilitación, pero no recibimos nada”.
Daniel Alianello (UxP) reconoció que “no llegamos a completar esa ronda de reuniones”, pero le restó importancia y apeló a una frase que considera que resume su postura: “Entre la sangre y el tiempo, el tiempo…”.
En cuanto al concejal oficialista “Chapu” Fernández, se dirigió a la oposición preguntándole si los trabajadores del frigorífico no son vecinos que deberían ser tenidos en cuenta, y hasta redobló la apuesta tirándoles un ´palito´ a los vecinos que reclaman, porque son “realidades que ya conocían cuando compraron el terreno”. Opinó que “no está mal que se exija el cumplimiento de normas laborales, pero nosotros no somos del Ministerio de Trabajo para ponernos como inspectores”, e indicó que “hay muchas empresas que no cumplen con las reglas de seguridad e higiene, y son tantas las normas que hasta tendríamos que cerrar el Corralón si nos ponemos estrictos”.
Según el “Chapu”, hay que “tratar de ver cómo le podemos dar una mano –a los propietarios– para que vayan entrando en un compromiso y cumplan las normas para aliviar el malestar de los vecinos, pero de ninguna manera podemos jugar con un derecho adquirido: el derecho de propiedad, de ejercer una industria lícita y de trabajar; hoy la situación del país no está para que juguemos con eso y estamos poniéndonos en un rol de Policía que no nos corresponde”.
Araujo enfatizó que es una industria de categoría 3, por lo que el asunto no debe ser tomado a la ligera, y que “esta es una discusión de ordenamiento urbano”, mientras que “respecto a las fuentes de trabajo, todos estamos preocupados con ese tema”.
El debate terminó con apenas 6 votos a favor de la derogación de la ordenanza (correspondientes a Acción para el Desarrollo, UxB – UCR y el PRO), 2 abstenciones de La Libertad Avanza, y todos votos negativos de Unión por la Patria e Innovar Bragado.
