Por Victoria Pambianco
Muchas veces nos preguntamos cuál es el motivo por el que seguimos militando y, en muchos de esos momentos, encuentro la respuesta en la misma pregunta.
¿Es necesario buscarle siempre el por qué a las cosas? Cuando realmente preservar y proteger el suelo en el que caminamos y trabajamos, el agua que tomamos, el aire que respiramos, los paisajes que disfrutamos o los ecosistemas que nos permiten la vida como hoy la conocemos, debería ser desde que nacemos un mandamiento más y no una búsqueda insistente de unos pocos, tratando de convencer a todos y todas de restituir la situación cuando las grandes consecuencias ya están golpeando la puerta.
Es fundamental que empecemos a pensar más ambientalmente todo lo que nos rodea y entender que la naturaleza no es como en los libros, sabiendo que la única manera de que todo esto cambie es frenar con el paradigma de despojo y conquista de territorios y naturaleza que no nos pertenecen, para el beneficio de una minoría concentradora, siendo parte activa del desastre ecológico sin importarles qué mundo nos dejan al discurso unánime de «los jóvenes son el futuro».
¿Qué futuro?
Luchar en el presente e inventar el futuro es una tarea que nos toca a los jóvenes (y a todos) hoy. Es nuestra lucha; por nosotros, para los que están y para los que vendrán.
Gabriela Merlinsky (Investigadora del CONICET) en su reciente libro «Toda ecología es política» menciona el caso de la guerra del agua en Cochabamba, Bolivia, donde cita una parte del capítulo «La Guerra del Agua en Cochabamba, Bolivia: terrenos complejos, convergencias nuevas» cuyo autor es Thomas Kruse:
«En su Manifiesto a Cochabamba, voceros de la flamante coalición de organizaciones sociales contra la privatización del agua –la “Coordinadora del Agua”– anunciaron: “Los derechos no se mendigan. Los derechos se conquistan. Nadie va a luchar por lo nuestro. O luchamos juntos por lo justo o toleramos la humillación de los malos gobernantes”.
Para asegurar la legalidad de la privatización, el gobierno boliviano aprobó la ley 2029, que verificó el contrato con Aguas del Tunari. En los meses de enero, marzo y abril del 2001 en Bolivia hubo una serie de protestas en contra de la privatización del abastecimiento de agua potable municipal, entendiendo que la escasez del recurso hídrico prevalece en el país.
Con la lucha que llevaron adelante durante tantos años y esos últimos meses que se movilizaron fuertemente, lograron que la Ley 2029 no avance.
Para muchos, la ley parecía conceder a Aguas del Tunari el monopolio sobre todos los recursos hídricos. Muchos temieron que esto incluyera el agua usada por los campesinos para el riego, así como los recursos de la comunidad, que habían sido independientes antes de la regulación.
La ley consideraba permitir la venta de los recursos de agua que nunca habían sido realmente parte del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA). Esto hizo pensar que los sistemas comunales independientes del agua, que todavía no estaban conectados con SEMAPA, serían expropiados por la nueva concesión. Aguas de Tunari no solo podría haber instalado las conexiones necesarias para conectarse a los sistemas comunales independientes, sino que también habría podido cobrar a los residentes por la instalación de estas conexiones.
La ley indicaba, además, que la población requeriría una licencia para recoger el agua de lluvia, una política inaplicable. Incluso podía contar el agua que obtuvieran de sus pozos o del río.
Este ejemplo fue solo por ser parte del mensaje en cuestión que intentaba dar: los derechos no se mendigan, se conquistan. El caso de la lucha por el agua no es sólo en Bolivia y tampoco es la única. El mensaje es inteligible: hay que salir y pelear en las calles, reclamar por nuestros derechos, ganarlos y exigir que se cumplan, porque en la mayoría de los casos, tener derechos no es garantía de nada.
Nadie va a luchar por lo nuestro. Además, si nadie se mueve, nadie cree que puede moverse. El momento es ahora.
