Habló de supuestas “irregularidades” que deben ser investigadas por la Justicia. Serían delitos sobre incumplimiento en los deberes de funcionario público y malversación de fondos públicos, entre otras cosas.
La visita del funcionario provincial Luis María Ferella (director ejecutivo de la Oficina de Fortalecimiento Institucional) ha sido propicia para que el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Bragado, Mauricio Tomasino, volviera a reflotar el tema de las tres causas penales contra funcionarios de la gestión de Aldo San Pedro. Dijo que las investigaciones siguen su curso y que la Justicia deberá dar su veredicto acerca de las presuntas “irregularidades” que denunció el intendente Vicente Gatica.
“Existen certificados que demuestran que los fondos girados no se corresponden con el resultado de avance que existía”, manifestó Tomasino en relación a la causa sobre las 116 viviendas sociales que quedaron inconclusas. Lo dicho va en sintonía con las declaraciones que había realizado en 2017 Karina Caballero (actual directora de Asuntos Legales de la Municipalidad de Bragado), quien había manifestado que “existiría un faltante en cuanto a lo efectivamente entregado y lo construido, de alrededor de 10 casas”.
En lo que respecta a la causa por el sistema de contratación de cooperativas donde supuestamente se habrían incumplido los procedimientos que establece la Ley Orgánica Municipal para la compra directa, concurso y licitación pública y privada, Tomasino dijo que “en muchos casos encontramos ciertas diferencias respecto del modo en que se deberían contratar. También no se habían cumplido con ciertos principios básicos en los pliegos en planes de obra, el presupuesto, tipo de personal a emplear, etc.”. Al respecto, Caballero había advertido en el 2017 sobre “la contratación en forma reiterada de ciertas cooperativas, con una figura utilizada que no es la correspondida”; dijo que no realizaron la convocatoria a licitación pública necesaria para obras de gran magnitud.
Por último, en relación a la causa vinculada con el consorcio del antiguo Centro Regional Universitario del Oeste (CRUO), el Secretario de Gobierno recordó la identificación de “algunas irregularidades” en la utilización de fondos girados por el municipio. Sobre el tema Caballero había brindado mayor información, ya que había hablado de “un programa de microcréditos que no fue rendido en forma”, ya que no se habría podido justificar en qué se utilizaron los 700 mil pesos que entregó inicialmente el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ni tampoco otro cheque liberado el 9 de diciembre de 2015 sobre 370 mil pesos.
Vale destacar que Tomasino no fue el único que se refirió a las denuncias en esta oportunidad, sino que también lo hizo Ferrella, quien manifestó: “lo hemos conversado con el Intendente y al ser notificados veremos cuál es nuestro aporte a la causa para que la Justicia determine el resultado de esas investigaciones, para dar la razón o no, pero saber definitivamente que sucedió”.
