La iniciativa presentada por el Ejecutivo lleva cuatro años sin ser tratada por el Concejo Deliberante. ¿Qué pasó?, ¿qué dicen los Bloques?
Por Leonel G. Avila
Cuatro años atrás, en los primeros días del mes de junio de 2011, el Ejecutivo local fue gestor de un importante proyecto de ordenanza que prometía generar debate y, a posteriori, transparentar la distribución de la pauta oficial. Los medios de comunicación celebraron la iniciativa y aguardaron el necesario tratamiento por parte del Honorable Concejo Deliberante, sin llegar nunca a obtener el propósito buscado. Hoy, aquel proyecto se encuentra archivado como tantos otros, sin siquiera haber sido analizado y con visiones enfrentadas entre los bloques de concejales sobre el porqué de la situación y quiénes son los responsables.
El Día del Periodista llegó y, como cada año, los diferentes partidos y líneas internas agasajan a la prensa local a modo de reconocimiento por el trabajo realizado. En general abundan los elogios y prima una visión aparentemente unánime sobre la importancia de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. No obstante, y dadas las dificultades que tiene la actividad periodística (más aún en ciudades pequeñas como Bragado), en general falta en nuestros representantes la decisión política de generar herramientas que protejan la labor de la prensa y, en consecuencia, a la comunidad toda.
La excepción pareciera haber ocurrido en nuestra ciudad en junio de 2011, cuando Aldo San Pedro, meses antes de las elecciones que lo llevaron nuevamente al cargo de intendente, junto al Subdirector de Prensa Lic. Horacio García, presentó un gran proyecto elaborado por éste último para la “institucionalización del mecanismo de distribución de la pauta oficial del Municipio de Bragado”. La iniciativa rápidamente obtuvo la atención de la prensa local, ya que prometía terminar con “la compra de voluntades” de periodistas, transparentar la utilización de fondos públicos en publicidad y asegurarle el otorgamiento de la misma a los medios de comunicación independientemente de cuál sea su visión editorial y de que lo que difundiera le gustara o no al gobierno de turno. “Nuestra intención es democratizar la pauta oficial”, dijo en aquel momento García.
Proponía que se entienda por publicidad oficial a “toda comunicación promovida por la Municipalidad de Bragado (…) en medios de difusión radial, gráficos, televisivos, páginas web, o en otro formato conocido o por conocerse”. Además, prohibía “contratar publicidad oficial con periodistas o conductores de programas en forma particular” e indicaba que “a los fines de evitar su indebida utilización en épocas electorales, no se podrá emitir (…) quince días antes del sufragio”.
La iniciativa también preveía que el Ejecutivo diseñara y justificara campañas de publicidad oficial; estableciera el monto que se destinaría en medios locales, regionales y nacionales; que realizara un estudio anual sobre la audiencia de los medios y programas locales, al igual que de la penetración de sitios virtuales y medios gráficos; y que creara y administrara un Registro Municipal de Proveedores de Medios de Comunicación en el que se inscribieran los aspirantes a la publicidad oficial. Por otra parte, el Concejo Deliberante debía crear una Comisión de Seguimiento (integrada por el oficialismo, la oposición y representantes de los medios de comunicación) para “velar por el estricto cumplimiento de lo consignado en la (…) norma, especialmente en cuanto a la distribución equitativa y eficiente de los fondos publicitarios” e “informar las denuncias pertinentes al área del Departamento Ejecutivo (…) frente a la detección de anormalidades y/o ante la recepción de denuncias por parte de los informantes”.
Decía el concejal Horacio Civello (FpV) en 2011: “la instrucción es la de impulsar esto –el proyecto– independientemente del cronograma electoral. (…) La idea es que no nos lleve más de dos meses y que para agosto o septiembre, antes de las elecciones, esté solucionado”. Transcurridos cuatro años de aquellas palabras, el proyecto sigue sin tratarse, está encajonado en las comisiones y el edil insiste, como antes, en la falta de entusiasmo del resto de los bloques. “Aldo –San Pedro– lo presentó para que se involucrara la oposición, convocara a los periodistas y que todos juntos lo evaluáramos. Era un proyecto abierto, sino lo hubiésemos votado como oficialismo y listo. (…) Después de tanto tiempo ahora perdió estado parlamentario; habría que reingresarlo”, indicó.
La oposición, por su parte, se encuentra dividida entre bloques como el del Frente Renovador y Unidos PRO Bragado, que surgieron posteriormente a la presentación del proyecto y que, en consecuencia, tienen un menor conocimiento de su contenido; y la Unión Cívica Radical, que en 2011 cuestionó a San Pedro por haber esperado hasta el final de su primer gobierno para presentar la propuesta, y que ahora atribuye al oficialismo la responsabilidad por el encajonamiento. “Ellos nunca llevaron la iniciativa para adelante. Si hubieran querido tenerla la votaban y listo. Además tenían que convocar al periodismo para armar una mesa de discusión y no lo hicieron. El proyecto no prosperó porque nunca lo laburaron, es decir que se archivó porque ellos lo dejaron archivar”, explicó al respecto el concejal radical Fernando Neri.
Cuatro años han pasado desde la presentación del proyecto y nada se ha hecho hasta ahora. Entonces, ¿todo se trató de una estrategia de campaña del sanpedrismo para las elecciones de 2011?, ¿por qué no insistió con la iniciativa?, ¿la oposición no quiere regular la pauta oficial?, ¿los ediles pueden desconocer un proyecto de tanta importancia? Muchos son los interrogantes que surgen sobre la temática. Bueno sería entonces que todos los bloques del Concejo Deliberante se pusieran de acuerdo y dotaran a la prensa de una protección que hoy no tiene, ya sea reimpulsando el viejo proyecto o creando uno nuevo. Por lo pronto, y en sintonía con la defensa del derecho a la comunicación, la precandidata a intendente Celina Sburlatti (UCR) prometió que, en el caso de llegar al poder, presentará una iniciativa para el libre acceso a la información pública. Únicamente mediante normativas como ésta, la defensa de la libertad de prensa quedará realmente respaldada en hechos concretos y no sólo con palabras.
