Una investigación impulsada desde la División de Cibercrimen de Bragado, en conjunto con la Sección de Investigaciones Cibercrimen de Junín, permitió desarticular una red delictiva que operaba desde distintas localidades bonaerenses —incluyendo unidades penitenciarias— cometiendo estafas por WhatsApp mediante engaños conocidos como “código trampa”, y lavando el dinero a través de maniobras con billeteras virtuales.
El caso, que tuvo una fuerte impronta técnica desde el equipo de Cibercrimen Bragado, avanzó bajo la supervisión de la UFI N.° 1, a cargo de la Dra. Vanina Lisazo, y con intervención del Juzgado de Garantías N.° 2, de la Dra. Marisa Muñoz Saggese. Gracias al trabajo coordinado, se logró reconstruir el recorrido del dinero desde las cuentas de las víctimas hasta su fragmentación en billeteras digitales con movimientos cruzados y vínculos familiares, lo que permitió exponer un patrón claro de lavado de activos.
El operativo culminó el pasado 27 de mayo con seis allanamientos simultáneos en General Alvear, La Plata, Ituzaingó, Luis Guillón, Adrogué y Grand Bourg. La División de Bragado fue parte activa en el procedimiento, junto a sus pares de Junín, La Plata, Luján, Chivilcoy, Pilar, Florencio Varela y La Matanza, con el apoyo de grupos especiales de Infantería, GAD y FOE.
Los resultados fueron contundentes: tres personas fueron detenidas dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense —en las Unidades 30, 9 y 39—, dos de ellas con condenas firmes por delitos graves como abuso sexual y tentativa de homicidio. Además, se incautaron celulares, notebooks y tarjetas SIM en tres domicilios allanados.
A partir de los elementos reunidos, la causa se orienta ahora hacia una figura más grave: una estructura delictiva organizada, con roles diferenciados para captar víctimas, mover fondos y borrar huellas digitales. Por eso, se solicitó la recaratulación como asociación ilícita, según el artículo 210 del Código Penal.
Desde la División de Cibercrimen de Bragado, remarcaron la importancia de fortalecer el trabajo articulado con fiscalías y juzgados ante un delito en expansión que requiere respuestas ágiles y coordinadas. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
