A un año y medio de la drástica decisión tomada por Belén San Román, quien se quitó la vida luego de que se virilizara un video íntimo de ella sin su consentimiento y por el temor que sentía ante otras amenazas; su caso volvió a la agenda mediática nacional a raíz de un proyecto de ley presentado por la diputada Mónica Macha (Frente de Todos) y también por la lucha que mantiene su padre Marcelo (habló con el portal de noticias Infobae) para que lo sucedido no quede en el olvido, haya justicia y sirva de antecedente para evitar nuevas víctimas.

El proyecto se llama “Ley Belén” y también es impulsado por el espacio de víctimas de violencia digital «Ley Olimpia Argentina» y la organización «Género y TIC». Busca reformar el Código Penal para tipificar como delito la difusión no consentida de material íntimo y así poder aplicar sanciones que contemplen fuertes multas y prisión.

Vale recordar que el acusado de viralizar el video de Belén es Tobías Villarruel, de Chivilcoy. La joven, quien se desempeñaba como policía en el CPR, dejó una carta en la cual no sólo explicó los motivos de su decisión, sino que también dejó la clave de su teléfono celular para que pudieran acceder a las conversaciones que tenía con el sujeto.

Lo que se busca es que la sextorsión no quede impune y también conciencientizar sobre la importancia de que todos cortemos la cadena de difusión de imágenes no consentidas en el caso de que las recibamos, ya que de lo contrario seríamos funcionales y responsables de la cadena de violencia.

LOS DETALLES DEL PROYECTO

La iniciativa establece que «se aplicará prisión de tres meses a dos años y el doble de la multa establecida en el artículo 155° a quien, por cualquier medio, sin autorización de la víctima o mediando engaño, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore, documentos con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas».

También establece que «se aplicará prisión de tres meses a tres años y el doble de la multa establecida en el párrafo anterior a quien por cualquier medio, y sin autorización de la víctima, difunda, publique, envíe o de cualquier manera ponga al alcance de terceros los documentos referidos en el párrafo anterior obtenidos con o sin mediar su consentimiento».

Además, indica que las penas se aumentarán en un tercio cuando el delito lo cometa una persona mediante violencia de género, o si el hecho se comete con fin de lucro; o por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión o contra una persona menor de edad.

LA NOTA PUBLICADA EN INFOBAE

Habla el papá de la policía que se suicidó tras sufrir sextorsión: “Se necesita ya la ley que lo castigue”

A fines de 2020, Belén San Román se quitó la vida luego de que su expareja la chantajeara y publicara fotografías íntimas y un video sexual en las redes sociales. Tenía 25 años y era mamá de dos chicos. En memoria de su hija, Marcelo lucha para que el Congreso apruebe la Ley Belén que apunta a castigar distintas formas de violencia de género digital

Por Mariana Fernández Camacho

A siete años del primer Ni Una Menos, la diputada Mónica Macha, junto al espacio de víctimas de violencia digital “Ley Olimpia Argentina” y la organización Género y TIC (GENTIC), presentaron en el Congreso de la Nación una propuesta legislativa contra la violencia digital. El proyecto Ley Belén busca la incorporación al Código Penal Argentino de los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, de los “porn deep fake” (montaje digital en videos de pornografía) y de la sextorsión. Se detallan agravantes por casos de violencia de género y cuando se agrede por orientación sexual e identidad de género.

El texto está inspirado en una ley mexicana y lleva el nombre de Belén San Román, agente del Comando de Patrullas Rurales de Bragado que en diciembre de 2020 se quitó la vida cansada del acoso, de la exposición y la vergüenza que le provocó la difusión sin su consentimiento de fotografías íntimas y de un video sexual en las redes sociales.

Su ex pareja, un varón que la grabó sin avisarle y que utilizó después el material para doblegarla, para transformarla en la comidilla de una ciudad ansiosa por opinar, lista para esparcir sus moralinas y escarmentar a la “desviada”.

“Belén no pudo superar la viralización, la condena social, el juzgamiento que hacemos los seres humanos. No puedo entender que haya gente con tanta hipocresía, porque no creo que sea la única que haya decidido hacer algo así y si lo hizo es algo íntimo. Era su vida. No somos perfectos, cometemos errores. En este caso encima no fue un error. Cada uno hace lo que le parece en su vida privada. Lo importante es que las dos partes respeten la situación”. Marcelo es el papá de Belén. Dice que no es fácil hablar desde el dolor. Aceptó hablar con la condición que no hubiera imágenes de su hija. No por él, sino por el entorno familiar. Hablar, para colmo, de lo que no debería incumbirnos al resto. Porque ese “algo” que Belén hizo fue ni más ni menos que ejercer su sexualidad, su derecho a gozar. Belén era la hija de Marcelo y a la vez una mujer libre de 25 años que confió en su compañero, en un intercambio pactado entre dos que el otro violentó cuando lo compartió con otros miles.

“Nunca me demostró que estuviera tan angustiada. No pensé, no pensé y es algo que me sigo cuestionando. A veces siento que tendría que haber estado más cerca. Pero Belén no dejaba que le preguntáramos nada. Tuvo mucho miedo. Nunca imaginé que iba a tomar semejante determinación. Jamás. Cuando me llamaron y me dijeron… bueno, lo que ya sabés, mi vida cambió por completo. No soy el mismo de antes. La pérdida de una hija te cambia la vida para siempre”.

Hablar desde un dolor tan grande y tan profundo que da rodeos, que evita poner en palabras “lo que ya sabemos”: que Belén no pudo aguantar, porque no era justo que aguantara, porque ella no decidió la exposición, ni las risitas cómplices, ni las miradas esquivas. Belén no se ofreció como protagonista del cuchicheo de la tarde. Pero sí decidió ponerle fin.

“El individuo le mandó el video a alguien de Bragado y se empezó a desparramar. Se lo fueron pasando de grupos en grupos. Mujeres mismas. Acá nos conocemos todos. No sé cuál es el motivo de condenar y castigar tanto a una persona. La responsabilidad es de todos, porque si a mí me mandan algo y yo no se lo mando a nadie se corta la cadena. El daño que causa es muy grande y espero que en Bragado se haya tomado un poco de conciencia. Seguramente más de uno de los que compartió el video se arrepintió. Les tiene que haber llegado el mensaje. Tiene que servir de algo lo que pasó con mi hija. Por eso voy a seguir luchando”.

Lo virtual es real

La lucha de Marcelo hoy es impulsar el proyecto Ley Belén. Quiere que se condene la ciberviolencia de género. Que por lo menos lo piensen dos veces aquellos que crean buena idea hacer público lo privado sin permiso.

“Tomé la posta porque no me puedo quedar callado y voy a seguir hasta que se logre la ley, así el día de mañana si alguien viraliza material íntimo va a tener un castigo. Yo sé que todo lo que haga no me va a devolver a mi hija, pero confío en que no le pase a otra chica. Que quede tipificado en el Código Penal como delito y que haya condena”.

Distintas estadísticas locales muestran que las experiencias y consecuencias que sufren las mujeres atacadas en entornos digitales necesitan un marco normativo que las reconozca, contenga y proteja integralmente como ocurre con otras formas de violencia de género.

Entre las conclusiones del informe “Corazones verdes: violencia online contra las mujeres durante el debate por la ILE en Argentina”, realizado por Amnistía Internacional Argentina, surge que una de cada tres mujeres de nuestro país sufrió violencia en las redes sociales; un 26% de las mujeres víctimas de violencia o abuso en las redes sociales recibió amenazas directas y/o indirectas de violencia psicológica o sexual, un 59% manifestó que fue objeto de mensajes sexuales y misóginos, mientras que un 34% recibió mensajes con lenguaje o comentarios abusivos en general.

Las encuestadas del informe dieron cuenta además del impacto sobre su salud física y psicológica de este tipo de violencia. El 36% tuvo ataques de pánico, estrés o ansiedad y un 35% pérdida de autoestima o confianza. Un 34% manifestó haber sentido miedo a salir y un 33% identificó haber atravesado períodos de aislamiento psicológico.

¿Penas y/o qué?

La muerte de Belén sigue a cargo de la justicia, pero la investigación estuvo a punto de cerrarse ante la inexistencia de delito.

En diálogo con Infobae lo explica Valeria Alcain, abogada de la familia de Belén: “Cuando me constituí como particular damnificada en representación de Marcelo, las actuaciones se habían archivado porque se consideraba que no había delito. Se caratuló la muerte como suicidio y no se investigó qué llevó a tomar esa determinación. Ahí es donde aparece de forma muy específica y evidente la violencia digital. Belén fue víctima de obtención y de viralización de material íntimo sin su consentimiento. Ese material se utilizó incluso para amenazarla y chantajearla. Su suicidio fue instigado por esta violencia digital. Pero la violencia digital no es delito en nuestro país. Desde hace un año, entonces, trabajo para poder probar las amenazas, las extorsiones, el contexto evidente de violencia de género ejecutado con violencia digital. Belén merece un cierre que le haga justicia”.

Es claro que urge reconocer las agresiones en línea como hechos que merecen penas, un algo que hacer con quienes violentan ─ahora también─ a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero ¿alcanza con el castigo? ¿Es el punitivismo la llave maestra que logrará evitar el daño? ¿Qué pasa con todos y todas las que fomentan la circulación de contenidos íntimos y de desnudez, descargan, “megustean” y engrosan la cadena de distribución de ese daño?

Para Florencia Zerda, abogada integrante de GENTIC y del grupo Ley Olimpia Argentina, la meta es impulsar un cambio cultural: “Tenemos la convicción de que únicamente leyes que penalicen sin un cambio cultural, no va a servir. Y eso se da a través de la educación. Porque existe un patrón cultural muy arraigado que es el hecho de que los cuerpos de las mujeres son de consumo público y están a disposición para ser intercambiados como un objeto o un pedazo de carne. Esto se ve en los grupos y lugares donde se comparte material íntimo y de desnudez de mujeres sin que los y las que allí participan se pregunten si esas mujeres aprobaron la difusión de su imagen”.

Y continúa: “La Ley Belén viene a terminar con el privilegio histórico de creer que podemos compartir e intercambiar los cuerpos de las mujeres sin su consentimiento. Asimismo, nos tiene que hacer replantear las responsabilidades: no solo el que genera el envío original, si reenvían son igualmente responsables”.