Este mes recordamos el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1992. En nuestro país también existe el Día Nacional del Agua, el cual se celebra los 31 de marzo gracias a la Resolución Ministerial Nº 1630 creada en 1970 para visibilizar las problemáticas derivadas de la intervención antrópica que profundizan el acceso desigual a este escaso bien común como reflexionar sobre la importancia del agua como derecho humano fundamental y su urgente gestión sustentable.
Los modelos productivos y las políticas públicas deben considerar las características de nuestros ríos, arroyos, lagunas y humedales, su relación con los ecosistemas y los ciclos naturales, así como su vinculación con los pueblos que los habitan. Crear conciencia colectiva y reconocer este valor intrínseco y esencial en la sostenibilidad y reproducción de la vida implica exigir acciones que garanticen su gestión eficiente, su igual reparto, su disponibilidad y calidad para todxs.
A pesar de que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2,200 millones de personas viven sin acceso al agua potable. A raíz del desarrollo económico y del incremento de la población mundial, la agricultura y la industria necesitan cada vez más agua. En nuestro país, la huella hídrica de las actividades extractivas que generan divisas, como la agricultura industrial y la minería, es insostenible y nos exige el reconocimiento y replanteo de una matriz productiva que exporta vastos volúmenes de agua virtual, que se conoce como la cantidad de agua utilizada de modo directo e indirecto para la producción de un bien, producto o servicio.
La transición de la matriz energética hacia fuentes renovables no escapa a este debate. La utilización de represas hidroeléctricas y la producción de litio para batería exigen el uso de grandes volúmenes de agua e impactan de lleno en poblaciones locales con la intervención de megaproyectos de infraestructura que modifican paisajes y ecosistemas.
La contaminación de nuestras aguas con efluentes industriales y urbanos, microplásticos, derivas y bioacumulación de agroquímicos y otros químicos tóxicos utilizados en la industria minera, son un hecho comprobado en numerosos puntos del país, resultando en desastres naturales irreversibles, a costas de la salud de los pueblos.
El agua dulce, apta para el consumo humano, es un recurso limitado que solo cuenta con un 3% de reserva en el mundo. Los incendios de humedales, aun desprotegidos por ley, socavan estas reservas claves de agua dulce que ocupan el 21% de nuestro territorio nacional. Incendios que, en su mayoría, han sido iniciados intencionalmente y profundizados por la histórica escasez de lluvias y altas temperaturas que estamos sufriendo y que tienen como causa principal e innegable al cambio climático que, a la corta, profundiza los patrones desiguales de acceso al agua y, a la larga, ponen en duda su disponibilidad para las generaciones futuras.
En Bragado, estas problemáticas se vuelven evidentes. Por un lado, sin profundizar en (porque ya lo hemos hecho varias veces) la histórica sequía que sufre nuestro principal humedal local, la laguna, el canal que la abastece aguas arriba linda con el basural a cielo abierto y con el frigorífico que lo contaminan con el vertimiento directo de desechos industriales y las derivas, junto con los lixiviados de los residuos sólidos urbanos, en las napas subterráneas. Se suma a esta problemática la bioacumulación y deriva de agroquímicos en canales de campos lindantes que desembocan en esta cuenca.
Por otro lado, los históricos niveles de arsénico en el agua corriente local NO aptos para consumo humano, ya cuentan con un fallo judicial y su ratificación por la Cámara de Apelaciones de San Martin. No solo estamos hablando de un desigual acceso al agua potable de la población, ya que solo los que cuentan con suficientes ingresos pueden costear agua envasada, sino que supone un gravísimo problema de salud pública local ausente en las prioridades de la gestión local, tanto desde un involucramiento directo en estudios epidemiológicos que den cuenta de la impacto real en la salud de la población, como en las responsabilidades de fiscalización de la calidad de agua local que provee ABSA, sugiriendo una connivencia digna de repudio.
Desde el Observatorio intentamos volver a poner en agenda esta problemática el año pasado, mediante charlas en el CUCI y la presentación de un proyecto de ordenanza para la creación de un ámbito institucional participativo para discutir esta situación que jamás fue tratado, a pesar de contar con la firma de 1000 vecinxs. Mientras tanto, el Municipio se contenta con recordar la importancia del agua “cantándole con amor” en una laguna, que ahora dibuja tierra resquebrajada.
María Victoria Gobet
Observatorio Socioambiental Yolanda Ortiz
